La reciente aprobación del nuevo Código Penal ha desatado una ola de reacciones encontradas en diversos sectores de la sociedad dominicana.
Mientras organizaciones de la sociedad civil y grupos feministas denuncian retrocesos en materia de derechos, especialmente para las mujeres, niñas y adolescentes, representantes de la Iglesia Evangélica celebran la normativa como un avance hacia la protección de la vida desde la concepción.
Desde la sociedad civil, se advierte que el nuevo código no garantiza la igualdad de derechos, pues según argumentan, viola derechos fundamentales, entre ellos los de las mujeres, niñas y adolescentes.
También denuncian que la normativa excluye disposiciones previamente aprobadas, como el derecho a una llamada telefónica al momento de ser detenida una persona, y que limita el alcance del feminicidio como figura legal.
Feministas exigen observación presidencial
En el mismo tono crítico, colectivos feministas rechazaron la aprobación de un código que excluye las tres causales para la interrupción del embarazo y consideran que el presidente Luis Abinader debe observar la ley y reenviarla al Congreso Nacional, como hicieron mandatarios anteriores.
“Es un Congreso que ha demostrado una vez más que tiene una guerra contra las mujeres y sus derechos”, expresó una activista, al tiempo que recordó que el propio Abinader se comprometió a respaldar la inclusión de las causales. “Esperamos que cumpla con su palabra”, añadió.
La Iglesia Evangélica respalda el nuevo Código
En contraste, representantes de la Iglesia Evangélica calificaron la aprobación del nuevo Código Penal como un gran avance para la justicia dominicana, destacando especialmente su defensa del derecho a la vida desde la concepción.
“Preservar la vida desde la concepción hasta la muerte es constitucional y debe ser la lógica de nuestras leyes. Felicitamos a los legisladores por ser voz de los que no tienen voz”, afirmaron.
Principales novedades del Código Penal
El nuevo Código Penal, que sustituye una legislación con 141 años de vigencia, incluye la acumulación de penas de hasta 60 años, mayores sanciones para delitos de corrupción administrativa y la tipificación de nuevos delitos, como el bullying, el feminicidio, el terrorismo, la inducción al suicidio y el daño con sustancias químicas.
- También endurece las penas para delitos sexuales y crímenes contra menores de edad.
A pesar de estas actualizaciones, la exclusión de derechos ampliamente defendidos por sectores sociales ha generado un amplio debate que ahora se traslada al Palacio Nacional, donde se espera la decisión del presidente Abinader sobre si promulga u observa la controvertida pieza legislativa.