"Garden of the Beach": la promesa que costó millones de dólares y nunca se construyó

Boca Chica República Dominicana.– Lo que comenzó como el sueño de muchos dominicanos ausentes de tener una propiedad frente al mar, terminó en una pesadilla legal y financiera para más de 100 familias que invirtieron sus ahorros en un proyecto que, a la fecha, no tiene ni una varilla colocada.

El proyecto inmobiliario "Garden of the Beach", ofrecido como un moderno condominio turístico en la zona de Boca Chica, atrajo especialmente a dominicanos residentes en el exterior, quienes confiaron en promesas de entrega en dos años, amenidades de lujo, y títulos supuestamente en regla.

Hoy, la constructora enfrenta graves acusaciones de estafa agravada, lavado de activos y asociación de malhechores.

Los testimonios

Francia Romero, residente en EE.UU. y asistente médica, relata entre lágrimas que su inversión fue mucho más que dinero: fue un sueño personal.

Romero asegura haber pagado 38 mil dólares, como parte inicial de un apartamento de 105 mil, ubicado en el noveno piso, con vista al mar y parqueo techado. Firmó contrato el 4 de enero de 2023 y afirma conservar todos los comprobantes.

Viajó dos veces a la República Dominicana para validar el proyecto, y aunque inicialmente creyó en las explicaciones de los promotores sobre retrasos por permisos turísticos, con el tiempo su paciencia se agotó. "No hay avances. No hay ni una varilla", dice.

Johnny Pérez, otro afectado que reside en New Jersey, invirtió junto a su esposa más de 32 mil dólares en un apartamento de dos habitaciones con promesa de entrega en diciembre de 2024.

Relata que el proyecto fue recomendado por un amigo y que incluso ayudó a convencer a otros a invertir.

Más tarde, al notar inconsistencias, comenzaron las dudas. "La encargada del proyecto, Rosi Delia Cabrera, se retiró y se fue a Punta Cana. Desde entonces todo fue evasivas, excusas, cambio de personal, y silencio".

¿Qué ofrecía el proyecto?

Según los contratos firmados por decenas de compradores, la obra estaría ubicada en la calle José Francisco Peña Gómez, y consistiría en un edificio de 12 niveles, con parqueos techados privados.

El condominio proyectado contemplaba más de 200 unidades habitacionales —algunas de una habitación, otras de dos— y una plaza comercial, además de áreas comunes como piscina, gimnasio, salón multiuso, restaurante, cigar club, planta eléctrica full, ascensores y suministro de gas común.

Los apartamentos de una habitación ofrecían entre 50 y 74 metros cuadrados de construcción, incluyendo dormitorio, baño, sala-comedor, cocina, balcón y un parqueo asignado. El precio variaba según la unidad, pero oscilaba entre los US$54,000 y US$105,000, según consta en los acuerdos firmados por los compradores.

A cambio, los adquirientes debían hacer un pago inicial de aproximadamente el 20% del valor total. El resto sería completado en cuotas, mientras la obra avanzaba.

El cronograma establecido por la constructora indicaba que la construcción iniciaría en octubre de 2022 y que la entrega de las unidades se haría en diciembre de 2024.

Sin embargo, los testimonios recabados muestran una realidad completamente distinta.

El modus operandi: excusas, atrasos y silencio

En un inicio, los representantes del proyecto daban seguimiento a los compradores, explicando que había demoras por permisos turísticos. Pero luego llegaron los cambios de personal, evasivas y finalmente... el silencio total.

Francia Romero lo explica así:

Asegura tener los contratos, recibos y pruebas de pago. Como ella, decenas de afectados tienen documentación que respalda sus depósitos, que oscilan entre los 2 mil y los 40 mil dólares.

Promesas vacías y un terreno que nunca fue de ellos

Lo que los compradores encontraron, incluso después de haber entregado sumas que superan los US$30,000 y hasta los US$40,000, fue una obra que nunca comenzó formalmente.

Aunque en un momento inicial se colocó maquinaria y se hicieron algunas excavaciones superficiales, nunca se colocó una sola varilla estructural, ni se inició la cimentación del edificio, ni mucho menos se levantaron columnas o muros.

El terreno hoy luce abandonado, cubierto de maleza, y sin ningún rastro de que allí se construiría un desarrollo de 12 pisos con vista al mar.

Además, una de las revelaciones más graves del caso, según los abogados de los afectados, es que el terreno nunca perteneció legalmente a la empresa Boca Chica Garden SRL ni a su representante, el ingeniero Edgar Hernández.

Una certificación oficial de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) indica que la parcela identificada en los contratos como "337-B-2-A-3-B-1-REF, matrícula No. 01000001386" está registrada a nombre de un tercero: José Calderón Rijo, y no de la empresa desarrolladora.

Pese a esta situación, los contratos fueron firmados, los pagos fueron recibidos, y la promoción del proyecto continuó durante meses, incluso cuando ya había alertas internas sobre la falta de titularidad del terreno y la imposibilidad de levantar legalmente una obra de esa magnitud en ese lugar.

Denuncias y proceso judicial

Ante la magnitud del caso, el abogado Miguel Surún, abogado de más de 40 afectados presentó una querella penal contra:

• Edgar Hernández (ingeniero del proyecto)
• Mabel Luciano (gerente general)
• Boca Chica Garden SRL

Los cargos son: estafa agravada, lavado de activos y asociación de malhechores. La pena máxima por estos delitos puede alcanzar hasta 20 años de cárcel.

La versión de la constructora: "No es una estafa"

Al intentar contactar a Edgar Hernández, un abogado de la constructora, Frankely Peña, respondió vía telefónica. Asegura que no se trata de una estafa, sino de problemas con los permisos.

Indicó el abogado. Sin embargo, ningún reembolso se ha concretado hasta el momento.

La justicia, ¿lenta o indiferente?

En marzo pasado, Edgar Hernández fue arrestado, pero posteriormente liberado, pese a la oposición de los abogados de las víctimas. Desde entonces, no ha habido avances significativos, lo que ha generado frustración y protestas.

Para muchos afectados, como Johnny Pérez, la mayor herida no es económica, sino moral: "La diáspora no tiene quien la defienda. Solo servimos para enviar remesas. ¿Y quién nos protege cuando nos estafan?".

Francia Romero, por su parte, se lamenta: "Si ese dinero lo hubiera invertido aquí en EE.UU., ya me estaría dando intereses. Pero confié en mi país. Me arrepiento al 100%".

Los afectados esperan justicia y reembolso. Pero también, respuestas claras. Mientras tanto, la promesa del paraíso frente al mar quedó enterrada... bajo tierra que, legalmente, ni siquiera era de la constructora.