Juristas: acceso a Playa Encuentro nunca estuvo en riesgo; lo que se reclama es respeto a la propiedad privada

Santo Domingo.– El acceso a Playa Encuentro, nunca ha estado en cuestionamiento y continúa garantizado a través de la vía en  la Urbanización Vista del Caribe, ratificada en múltiples fallos judiciales.

Así lo afirmaron los abogados Laura Acosta y Nassef Perdomo, representantes de Inversiones Calpe, empresa del inversionista estadounidense Lance Lundberg,  en respuesta a declaraciones públicas de entidades que se definen como organizaciones comunitarias.

Estas organizaciones han insinuado que el libre acceso a la citada playa está siendo amenazado, pero los juristas señalaron que las declaraciones de dichas entidades tienen como único objetivo confundir a la opinión pública.

En ese contexto, los abogados explicaron que todas las instancias judiciales —incluyendo la Suprema Corte de Justicia (sentencia 534-2012) y el Tribunal Constitucional en múltiples fallos (TC/0037/19, TC/0106/19 y TC/0370/20).

Estos han establecido de manera irrevocable cuál es la única vía pública de entrada a la playa, que es entrando por el Residencial Vista del Caribe.

Lo que aclararon los juristas

Acosta y Perdomo aclararon que se trata de una entrada asfaltada que se proyecta de manera perpendicular a la costa, aunque las supuestas organizaciones comunitarias a un presunto "camino histórico", que no es más que una vía ilegal creada por invasores que fueron desalojados con decisiones judiciales que ya son definitivas.

Advirtieron que con ese "camino histórico" se pretende afectar no solo la propiedad privada, sino también el medio ambiente con la irrupción ilegal de vehículos en la arena, pretensiones que han sido desestimadas una y otra vez por los tribunales dominicanos.

Acosta y Perdomo recordaron que el Tribunal Superior Administrativo, en 2024 y 2025, ordenó a varias instituciones estatales detener la intromisión en la propiedad, retirar señalizaciones con informaciones erradas y permitir a la empresa cercar su terreno conforme a su deslinde aprobado por la Dirección General de Mensuras Catastrales.

Respecto a versiones de que Inversiones Calpe, SRL, fue multada por incumplir al Tribunal Constitucional, los abogados explicaron que se trató de una liquidación de astreinte vinculada a una sentencia de primera instancia en 2018.

Finalmente, advirtieron que la paralización de un proyecto turístico de más de US$400 millones en Cabarete, consecuencia del desacato judicial,  envía una señal preocupante a la comunidad inversionista internacional y debilita el Estado de Derecho en la República Dominicana.