¿No les suena esto a Maduro, Ortega o Bukele?

La democracia no muere de un sablazo. Muere de mil cortes, de pequeñas decisiones judiciales, de doctrinas jurídicas que suenan técnicas pero que, en la práctica, entregan un poder descomunal al gobernante de turno. Y lo que acaba de decidir la Corte Suprema de Estados Unidos es uno de esos cortes mortales, pues han dado impunidad total al presidente Donald Trump, un criminal convicto que se sienta en la silla del poder.

Seis magistrados conservadores —todos nombrados por presidentes republicanos, incluyendo a Trump— acaban de limitar la capacidad de los jueces federales para suspender a nivel nacional las órdenes ejecutivas que consideren ilegales. Lo han hecho en un momento en que Trump, flamante presidente otra vez, está decidido a redefinir los cimientos mismos del país, empezando por la ciudadanía por nacimiento, consagrada en la 14ª Enmienda.

La Corte no se pronunció directamente sobre la constitucionalidad del decreto de Trump que quiere negar la ciudadanía a hijos de migrantes nacidos en suelo estadounidense. Pero, en los hechos, le ha despejado el camino. Le ha quitado a jueces locales una herramienta clave para detener, al menos temporalmente, políticas potencialmente inconstitucionales mientras se litigan en instancias superiores. Le han dado el poder del dictador y le ha quitado al propio Poder Judicial su capacidad de balancear las cosas.

¿No les suena esto a Maduro, Ortega o Bukele? A líderes que concentran poder, debilitan los contrapesos y convierten a las cortes en oficinas administrativas que solo ejecutan sus designios. Claro, en Estados Unidos las formas se cuidan más. Se habla de equilibrio de poderes, de "exceso de autoridad equitativa", de tecnicismos legales. Pero el efecto es el mismo: el Ejecutivo gana espacio para actuar sin trabas inmediatas, y el judicial pierde la capacidad de ponerle freno mientras se resuelve el fondo del asunto.

La jueza Amy Coney Barrett dice que "los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo". Es cierto. Pero también es cierto que, si el Ejecutivo viola la Constitución, alguien tiene que poder pararlo. Y rápido. Porque cuando se habla de derechos fundamentales, el tiempo importa. Una orden ilegal que se deja en pie durante meses o años puede causar daños irreparables a miles de personas.

¿Se imaginan a Trump, con un Congreso dócil, un Partido Republicano convertido en secta y ahora, con la Corte dándole rienda suelta, gobernando sin frenos efectivos? ¿Se imaginan las deportaciones masivas, los decretos contra la prensa, los ataques a opositores o a jueces que se atrevan a desafiarlo? Es la misma lógica que vemos en Venezuela, Nicaragua o El Salvador: la justicia queda maniatada para actuar rápido, y el presidente gobierna a golpe de decreto.

Hoy es Trump. Mañana puede ser otro. El precedente está ahí. Cada vez que la Corte Suprema restringe las herramientas de los propios jueces para detener atropellos, es la democracia la que se queda más sola y el balance del sistema republicano cada vez más dislocado.

No hay que dejarse engañar por el ropaje jurídico. Esto no es solo una batalla legal. Es la pelea por mantener vivo un principio básico: que ningún presidente está por encima de la Constitución. Ni Trump, ni Biden, ni nadie.

Porque el día que el poder se ejerza sin cortapisas, lo que tendremos ya no será democracia, sino un caudillismo con traje y corbata. Y para entonces, será demasiado tarde para lamentarnos.