Proliferación de armas ilegales alimenta la violencia en República Dominicana

Santo Domingo.– En República Dominicana, una cultura arraigada de violencia social contribuye significativamente al uso frecuente de armas de fuego en conflictos interpersonales y actos delictivos. Según expertos en sociología, esta cultura está profundamente entronizada en la sociedad dominicana desde hace décadas, y aunque se mantiene constante, en ciertas temporadas se intensifica la incidencia de violencia armada.

Los sociólogos señalan que muchas personas recurren al uso ilegal de armas debido a la falta de sanciones efectivas y rigurosas. En ese sentido, la Policía Nacional ha reforzado las investigaciones sobre los tiroteos que se registran en el país.

La población expresa su preocupación y demanda acciones contundentes contra quienes portan y utilizan armas ilegales.

Según estudios, un 37% de los conflictos interpersonales en el país están vinculados a esta cultura de violencia. Además, se ha alertado que portar un arma ya no garantiza protección, ya que los delincuentes pueden arrebatarla o usarla contra su portador.

El Ministerio de Interior y Policía, junto con la Policía Nacional, ha implementado planes para reducir la circulación de armas ilegales. Por ejemplo, en junio de 2021, como parte del programa "Mi País Seguro", se recuperaron 163 armas entregadas voluntariamente en sectores como Cristo Rey.

Aunque estos esfuerzos buscan disminuir la violencia armada, la ciudadanía insiste en que es necesario un control más estricto y sanciones más severas para erradicar el problema. Las autoridades continúan investigando y trabajando en la prevención, mientras el país enfrenta el desafío de transformar una cultura violenta arraigada desde antaño

Desafíos y retos en la lucha contra la violencia armada

A pesar de estos esfuerzos, la realidad en el terreno muestra que el control de armas ilegales sigue siendo un gran desafío para las autoridades.

La existencia de un mercado negro activo, la corrupción y la insuficiente educación en materia de convivencia pacífica complican el combate a esta problemática. Los expertos coinciden en que, para lograr resultados sostenibles, es necesario un enfoque integral que incluya la prevención, la educación y el fortalecimiento del sistema judicial.

Asimismo, la sociedad civil ha comenzado a tomar un rol más activo, promoviendo campañas de concientización y programas comunitarios que buscan erradicar la cultura de la violencia.

La participación de jóvenes, líderes comunitarios y organizaciones no gubernamentales es vital para crear espacios de diálogo y reconstrucción social, fomentando una cultura de paz que pueda transformar las raíces profundas del problema.