Abogado Oliver Batía denuncia falta de pago de más de 300 millones de pesos en bonos de rendimiento individual.
Santo Domingo, RD. _ La Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República (ASP-CGR) denunció hoy el reiterado incumplimiento por parte de esa institución, en el pago de los Incentivos de Rendimiento Individual ascendente a más de 300 millones de pesos, correspondientes a los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.
La Contraloría General de la República, dirigida por Félix Antonio Santana García, fue demandada por ante el Tribunal Superior Administrativo, y entre otros requerimientos, se les exige honrar la deuda de RD$580 millones, debido al incumplimiento durante seis años consecutivos del pago de incentivos laborales, a sus propios servidores de Carrera Administrativa.
Oliver Batía, abogado director del Centro Jurídico Batía Ramos y representante de la Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República (ASP-CGR), tildó de descarado el incumplimiento de pagos de bonos por más de 300 millones de pesos, correspondientes a los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, a pesar de existir leyes, decretos y resoluciones que obligan a su entrega, antes de finalizar cada año.
“Esto no es un simple retraso administrativo, es un abuso sistemático contra servidores públicos de carrera que han cumplido con su labor y han superado las metas exigidas. Es hora de que la Contraloría cumpla la ley y respete a su gente”,
afirmó el abogado Oliver Batía, representante legal de la ASP-CGR.
Batía expresó, además, “el derecho a esos pagos está sustentado en la Ley 41-08 de Función Pública, los Decretos 523-09 y 527-09, así como resoluciones emitidas por el Ministerio de Administración Pública (MAP)”.
La Asociación advirtió, a través del acto administrativo, que este caso podría abrir la puerta a nuevas demandas contra el Contralor Félix Antonio Santana García, la Dirección General de Presupuesto y su director José Rijo Presbot, así como contra el Ministerio de Administración Pública, por su complicidad en la retención ilegal de derechos adquiridos.
En la Ley 41-08 de Función Pública, el Estado reafirma su compromiso de regular de manera justa y transparente las relaciones laborales entre la administración pública y sus servidores. En sus Artículos 45 al 48, la ley dispone que la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera constituye un mecanismo objetivo e imparcial para determinar incentivos económicos, académicos o morales, así como para definir su permanencia, promoción y ascenso en el servicio público.
En el marco de esta normativa, el Decreto 523-09, que aprueba el Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública, en el Artículo 26 reconoce el derecho de los servidores públicos a “gozar de los estímulos e incentivos de carácter moral o material” institucionalizados en su órgano o en el Estado.
En coherencia, el Artículo 47, en el contexto de la guía complementaria, establece que dichos incentivos deben estar previstos en la ley, en un decreto reglamentario o en una resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP), y su otorgamiento debe estar considerado en el presupuesto correspondiente.
Por su parte, el Decreto 527-09, que aprueba el Reglamento de Estructura Organizativa, Cargos y Política Salarial, atribuye en su Artículo número 3 a la Secretaría de Estado de Administración Pública (Actual MAP), la responsabilidad de aprobar la estructura de cargos y revisar el sistema retributivo antes de su inclusión en el presupuesto.
El Artículo 37 establece que los incentivos deben fundamentarse en el mérito demostrado, alcanzado mediante el cumplimiento de metas y objetivos previamente definidos y evaluados en el marco del desempeño laboral.
Las resoluciones No. 100-2018 (29 de agosto de 2018), No. 041-2020 (26 de febrero de 2020), No. 089-2024 (1 de abril de 2024) y la circular No. 0035105 (09 de diciembre de 2021), complementan el marco legal establecido por la Ley 41-08 y los decretos reglamentarios (como 523-09, 525-09, 527-09).
“En total, el daño asciende a más de 800 millones de pesos y con esta demanda queda en evidencia la grave falta de transparencia y el irrespeto a las leyes laborales dentro de la propia institución que debería ser garante del buen uso de los fondos públicos”, concluyó Batía.