Juez ordena a Trump no restringir las visitas de congresistas a las cárceles migratorias

LOS ÁNGELES.– El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no puede impedir el acceso a los miembros del Congreso a los centros de detención de inmigrantes sin previo aviso, determinó este lunes una juez, que encontró ilegal una medida impuesta por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de su agresiva campaña de deportación.

Acciones de la autoridad

En la opinión dada este lunes, la jueza Jia M. Cobb se puso del lado de 13 miembros de la Cámara de Representantes que demandaron a la Administración de Trump por no permitirles acceso a las cárceles migratorias y centros de detención de paso.

En concreto, Cobb bloqueó una medida emitida por la secretaria del DHS (por sus siglas en inglés), Kristi Noem, el pasado 8 de enero que requería a los congresistas que quisieran visitar los recintos proporcionar previo aviso de siete días.

La iniciativa se emitió después de la muerte de la estadounidense Renée Good, el pasado 7 de enero, impidiendo el ingreso de las congresistas demócratas Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig a una instalación del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el edificio federal de Mineápolis, donde se concentraron los operativos migratorios, que desembocaron también en la muerte a tiros de Alex Pretti.

Impacto en la comunidad

Desde el año pasado, el Gobierno Trump ha mantenido un pulso con los demócratas impidiendo su ingreso a los centros de detención y las instalaciones de ICE, donde son procesados los detenidos.

El DHS ya había implantado el requisito de aviso previo de los congresistas, y en diciembre pasado Cobb ya había puesto una suspensión temporal sobre otra restricción impuesta,

Las visitas de los congresistas demócratas a las cárceles han ayudado a dar luz sobre las condiciones de los detenidos, en muchos casos con denuncias de falta de atención médica o barreras para que los detenidos se comuniquen con sus familiares.

Las últimas denuncias se centran en el centro de detención de Dilley en Texas, que alberga familias y donde los congresistas han denunciado que se han mantenido arrestados niños desde dos meses de edad y mujeres embarazadas a punto de dar a luz.