Después de su inicio en la madrugada del 29 de noviembre de 2020, el emblemático caso Antipulpo se acerca a su desenlace.
Santo Domingo.– Después de su inicio en la madrugada del 29 de noviembre de 2020, el emblemático caso Antipulpo se acerca a su desenlace. El próximo 13 de agosto las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitirán el fallo contra los implicados en el caso de corrupción.
Considerado uno de los procesos por corrupción administrativa más significativos en la historia reciente del país, el caso Antipulpo involucra a exfuncionarios del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre ellos dos hermanos del expresidente Danilo Medina.
El expediente, que comenzó con una serie de allanamientos encabezados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ha atravesado un largo proceso judicial con acusaciones formales en diciembre de 2021 y juicio de fondo iniciado en septiembre de 2023.
Bajo la gestión inicial de la procuradora Miriam Germán Brito y la conducción actual de Yeni Berenice Reynoso, el caso se ha convertido en uno de los más complejos y mediáticos de la última década.
El Ministerio Público solicitó 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos para Juan Alexis Medina Sánchez, señalado como principal cabecilla de la red.
También pidió 15 años para José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda; y 10 años para Fernando Aquilino Rosa Rosa, Carmen Magalys Medina Sánchez, Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel y Lina Ercilia de la Cruz Vargas, entre otros.
Para varios imputados, las penas solicitadas oscilan entre cinco y tres años de prisión, además de multas, decomiso de bienes y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por una década.
Según la acusación, Alexis Medina habría creado un entramado de empresas y testaferros para obtener contratos millonarios con el Estado mediante tráfico de influencias, falsificación de documentos, simulación de contratos y lavado de activos, entre otros delitos.
La red, de acuerdo con la fiscalía, operó en complicidad con funcionarios y representantes del sector público y privado, desviando cuantiosos recursos del erario.
De ser acogidas, las condenas se cumplirían en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, cerrando así un capítulo judicial que ha mantenido la atención pública durante casi un lustro.