Ministerio Público afirma tener caso "sobreprobado" contra Alexis Medina y coimputados

Santo Domingo.– El Ministerio Público aseguró que ha sobreprobado el caso de corrupción administrativa contra Juan Alexis Medina Sánchez y otros implicados, al incorporar más de 1,700 pruebas documentales, 98 testimoniales y 84 materiales ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Durante la audiencia final del juicio, la procuradora adjunta Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), sostuvo que las evidencias presentadas confirman que Medina Sánchez lideró un entramado de corrupción que distrajo más de 5,000 millones de pesos del erario público.

Ortiz calificó el caso como uno “sobreprobado” y afirmó que durante el proceso se demostró la existencia de pagos de sobornos mediante cheques emitidos por empresas del acusado, sesiones de crédito falsificadas, y reuniones en la OISOE, donde se habría ejercido tráfico de influencias.

Sentencia será leída el 13 de agosto

La audiencia de este miércoles incluyó las réplicas y contrarréplicas de las partes, tras lo cual el tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar e integrado por las juezas Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo, cerró los debates y fijó para el miércoles 13 de agosto, a las 11:00 de la mañana, el fallo.

También pidió 15 años para José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda; 10 años para Fernando Rosa, Carmen Magalys Medina Sánchez (hermana del principal acusado), y otros cinco procesados; y 5 años o penas suspendidas para algunos implicados adicionales.

Cargos incluyen lavado de activos, desfalco y soborno

El expediente establece que Medina Sánchez creó un entramado societario para beneficiarse de contratos estatales, con el apoyo de funcionarios públicos y mediante prácticas como uso de documentos falsos, simulación de contratos y lavado de activos.

A varios coimputados se les atribuye actuar como testaferros, facilitadores de operaciones financieras, emisores de sobornos o representantes legales de empresas ficticias.

Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Público solicitó la inhabilitación para contratar con el Estado, la degradación cívica y el decomiso de bienes y fondos vinculados a las actividades ilícitas.

En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien firmó un acuerdo con el órgano acusador, se solicitó una pena de cinco años de prisión suspendida y la entrega voluntaria de 15 millones de pesos, además de restricciones profesionales y de movilidad.

Este juicio, que ha transcurrido durante más de un año, es considerado uno de los procesos más emblemáticos en la lucha contra la corrupción administrativa en República Dominicana. Ahora, se espera que el tribunal emita una sentencia que marque un precedente judicial en este tipo de casos.