Demandan al Banco Popular por más de 900 millones tras adjudicación de propiedad en Villa Consuelo

SANTO DDOMINGO.– El Banco Popular Dominicano enfrenta una demanda judicial por más de 912 millones de pesos, tras supuestamente haberse adjudicado de manera irregular una propiedad comercial en el sector de Villa Consuelo, en contravención a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

De acuerdo con los abogados Edgar A. Jiménez y José A. Méndez Marte, representantes de la parte demandante, la entidad financiera se apropió de la Plaza Club Empresarial, ubicada en la intersección de las calles Charle Pie y Juan de Morfa, pese a que la SCJ había "casado" una sentencia anterior que favorecía al banco.

"La SCJ anuló la sentencia civil número 036-2021-SSEN-01033, que en principio daba ganancia de causa al Banco Popular. Al casarla, todo debía volver al estado anterior, pero eso no fue lo que ocurrió", explicaron los juristas.

En la actualidad, el Banco Popular enfrenta al menos cuatro procesos judiciales relacionados con este caso en distintas salas de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, así como en el Tribunal de Tierras.

También existe una litis sobre derechos registrados en la Séptima Sala del Tribunal de Tierras, en la que se debate la legalidad de la transferencia del título del inmueble.

Los abogados sostienen que el banco actuó sin base legal, ya que la sentencia utilizada para justificar la transferencia había sido anulada por la Suprema Corte, no existía un crédito vigente que sustentara el embargo, y resulta jurídicamente inviable que el banco figure simultáneamente como propietario y como embargante del mismo bien.

Cuestionan a la DGII y al Registro de Títulos 

Asimismo, cuestionaron el papel de instituciones como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Registro de Títulos del Distrito Nacional, a quienes acusan de permitir la transferencia del inmueble sin acatar el mandato judicial.

"Ambas instituciones actuaron en contra de lo que establece la ley. Debieron garantizar que el traspaso se realizara de manera legal y transparente", concluyeron.