Tragedia por fentanilo contaminado deja al menos 68 muertos y expone red empresarial en Argentina

El fentanilo contaminado que ha causado al menos 68 muertes confirmadas en Argentina —aunque la cifra podría ser mayor—, sacó a la luz un entramado societario que gira en torno al laboratorio HLB Pharma Group, productor del medicamento, según determinó la investigación judicial tras la tragedia sanitaria.

En los últimos meses, dos lotes de fentanilo comercializados por esta firma y contaminados con bacterias multirresistentes provocaron 68 fallecimientos y 19 infecciones en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y la capital argentina.

El fentanilo, un potente opioide sintético utilizado como analgésico y anestésico en pacientes críticos, fue administrado en unidades de cuidados intensivos (UCI) de al menos 20 centros médicos del país. Los primeros fallecimientos se atribuyeron a paros cardiorrespiratorios, pero más tarde se descubrió que estaban vinculados a la presencia de las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae en las ampollas del medicamento.

Investigación judicial en marcha

El caso está bajo la órbita del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3 de La Plata, dirigido por el juez Ernesto Kreplak, quien en mayo ordenó recuperar los lotes en circulación para frenar más muertes y cuantificar el alcance del daño, aún incierto.

Según el dictamen judicial, se ha identificado un "entramado societario complejo" con actividades comerciales diversas y desconectadas entre sí, que "permiten suponer maniobras para evadir o encubrir conductas ilícitas".

Nueve empresas, un nombre recurrente

La red societaria gira en torno a empresas vinculadas a la elaboración, comercialización y distribución del fentanilo, y al empresario Ariel García Furfaro, considerado el principal responsable. Son nueve las firmas involucradas hasta ahora. También figuran como sospechosos familiares de García Furfaro, que aparecen como titulares de HLB Pharma Group, y personas responsables del proceso de producción.

Uno de los investigados es Jorge Salinas, socio de García Furfaro en la compra del laboratorio Apolo —donde ocurrió una explosión en 2016 que dejó cinco heridos— y accionista de una empresa productora del fármaco.

Durante la investigación, se realizaron 22 allanamientos en los que se incautaron dispositivos electrónicos, documentos, un arma de fuego y 29 palets con medicamentos ocultos en un camión de una empresa de alimentos. Todos los sospechosos tienen prohibición de salida del país, sus bienes fueron inhibidos y se les abrió una investigación patrimonial.

Antecedentes y advertencias previas

La alerta por el fentanilo contaminado surgió en abril, cuando el Hospital Italiano de La Plata identificó un brote inusual de infecciones respiratorias en pacientes de UCI, luego asociadas a las bacterias detectadas en las ampollas.

Sin embargo, dos años antes, en 2023, la infectóloga Florencia Prieto, en Concordia (Entre Ríos), ya había advertido sobre la presencia de Ralstonia pickettii en medicamentos de HLB Pharma, tras analizar dos lotes de dexametasona sospechosos. Pese a remitirlos con una denuncia a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la respuesta fue que el producto "reunía las condiciones correctas".

"Si ANMAT hubiese intervenido como corresponde en ese momento, se hubiese podido evitar lo que está sucediendo ahora", lamentó Prieto en declaraciones a EFE.

La situación de Concordia no fue aislada. Según fuentes judiciales, ANMAT abrió 267 expedientes a HLB Pharma, 117 de ellos por desvíos de calidad.

En febrero de 2025, tras múltiples denuncias, ANMAT bloqueó la producción del laboratorio por deficiencias graves en el sistema de calidad farmacéutico. No obstante, eso no impidió que lotes ya elaborados llegaran a centros de salud.

En mayo, ya con la crisis declarada, ANMAT prohibió la distribución, uso y comercialización de todos los productos registrados a nombre de HLB Pharma.

Familiares exigen justicia

El organismo regulador también documentó numerosas violaciones a las normas de buenas prácticas en la fabricación de medicamentos. Para Adriana Francese, abogada de varias familias de víctimas:

"Se debió adoptar una actitud más severa con estas empresas para que no sucediera esta desgracia".