Nueva Ley de Compras y Contrataciones contempla sanciones más severas y prohíbe contratación de funcionarios y sus familiares cercanos
Carlos Pimentel aseguró que la nueva ley tiene sanciones de tipo administrativo, disciplinario, ético y penal, con penas pecuniarias y privativas de libertad de 2 a 5 años, vinculadas a violaciones en contrataciones públicas.
Promulgada en julio de 2025, sustituyendo a la norma de 2006.
Recuperan sistema de consecuencias eliminado en la anterior ley.
Actualizado: 11 de Agosto, 2025, 12:44 PM
Publicado: 11 de Agosto, 2025, 12:16 PM
Santo Domingo.– Tras la promulgación de la nueva Ley de Compras y Contrataciones 47-25, Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, destacó los avances y sanciones que incorpora la nueva norma, que sustituye la ley 340-06 tras casi 20 años de vigencia.
Pimentel explicó que la ley anterior había agotado su ciclo y no respondía a los nuevos contextos, asegurando que esta normativa fortalece la transparencia, el control y la eficiencia en la adquisición de bienes, servicios y obras, que representan el 32% del presupuesto del Estado.
Nuevas sanciones
Uno de los aspectos relevantes que resaltó Pimentel, es el sistema de consecuencias que recupera la ley 47-25 y que fue eliminado en la reforma de 2006.
Establece sanciones de tipo administrativo, disciplinario, ético y penal, con penas pecuniarias y privativas de libertad de 2 a 5 años, vinculadas a violaciones en contrataciones públicas.
Carlos Pimentel
Funcionarios públicos no pueden participar
Al referirse a funcionarios públicos y posibles casos de corrupción, Pimentel señaló que no es compatible que los servidores del Estado, utilicen los servicios de sus hijos, esposas o esposos y sus hermanos.
“No puede contratar con el Estado. Y eso quedó muy claro en la ley actual, incluso refuerza lo que teníamos en la ley 340-06, y hay que decir que nosotros llevamos más de 200 suspensiones de registro de proveedores por funcionarios que se encuentran en el régimen de incompatibilidad con la ley actual”, subrayó Pimentel.
Asimismo, el director destacó que la ley contempla sanciones para proveedores y funcionarios involucrados en corrupción, incluyendo delitos como la falsificación de documentos en los procesos de contratación, puntualizando que era un aspecto que la ley anterior no establecía.
Añadió que en la ley anterior existía una excepción que permitía contratar si se tenía menos del 10% de participación, y que en esta nueva norma ese 10% ya no existe.
Enfatizó que la ley fortalece el régimen de incompatibilidades con prohibiciones absolutas y relativas para contratar con el Estado, afirmando que esto es con el compromiso de mejorar el sistema y reducir los riesgos de corrupción en las contrataciones públicas.
