Ministerio Público pide 20 años de prisión para principales acusados del caso Coral
El delator Raúl Alejandro Girón Jiménez podría recibir una pena reducida por su cooperación con las autoridades.
El órgano acusador requirió una pena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre; el exdirector del CESTUR, Juan Carlos Torres Robiou; Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola.
Actualizado: 05 de Febrero, 2026, 04:41 PM
Publicado: 05 de Febrero, 2026, 04:32 PM
Exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre.
Santo Domingo.– El Ministerio Público presentó este jueves sus conclusiones definitivas en el juicio de fondo contra los implicados en el caso Coral, solicitando condenas de hasta 20 años de prisión para los señalados como cabecillas de la presunta red de corrupción, así como una pena especial reducida para el delator del proceso, Raúl Alejandro Girón Jiménez.
- Durante la exposición ante el tribunal, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), pidió que los encartados sean declarados culpables de violar la Constitución, incurrir en coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y lavado de activos vinculados a actividades ilícitas, entre otros delitos graves.
Solicitan condenas máximas y sanciones económicas
El órgano acusador requirió una pena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre; el exdirector del CESTUR, Juan Carlos Torres Robiou; Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola.
Asimismo, la fiscalía solicitó el decomiso de numerosos bienes muebles e inmuebles presuntamente adquiridos con fondos ilícitos, incluyendo propiedades de alto valor, vehículos y activos financieros, los cuales pasarían a favor del Estado dominicano.
En cuanto al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el Ministerio Público planteó una condena atenuada de cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos, tomando en cuenta su colaboración con las autoridades y el suministro de información clave para desarticular la supuesta estructura delictiva.
La acusación también propuso que se considere el tiempo que Girón ha permanecido bajo arresto domiciliario, a fin de que la sanción pueda declararse cumplida o que el período restante sea aplicado bajo la modalidad de pena suspendida.
Entre las condiciones solicitadas figuran residir en el domicilio fijado ante el tribunal, abstenerse del porte y tenencia de armas de fuego y presentarse de manera periódica ante el juez de ejecución de la pena.
Con estas conclusiones, el proceso judicial entra en su fase decisiva, a la espera de que el tribunal emita su veredicto sobre uno de los casos de presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años.
