Estado y sociedad sin corrupción

Santo Domingo.– La experiencia histórica demuestra que ninguna nación progresa de manera sostenida si el Estado y la sociedad marchan por caminos separados o, peor aún, enfrentados.

Estado y sociedad: base para el progreso sostenible

Cuando ambos se coaligan —cuando el interés público y la responsabilidad social convergen en un proyecto común— las instituciones adquieren la capacidad de gestionar con eficacia, sin el lastre corrosivo de la corrupción, y con la vista puesta en el bienestar colectivo y en la dignidad humana.

En primer lugar, la salud constituye el pilar esencial de una sociedad moderna. Ninguna economía puede sostenerse si su población vive enferma, desatendida o atrapada en sistemas burocráticos ineficientes.

Un Estado responsable debe garantizar el acceso universal a servicios sanitarios de calidad, integrados, auditados y blindados contra la corrupción.

Allí donde los hospitales funcionan, donde los medicamentos llegan a quienes los necesitan y donde los profesionales de la salud son dignificados, se genera un círculo virtuoso que impacta toda la estructura social.

La educación no puede ser rehén de ideologías ni de intereses políticos; debe ser la herramienta emancipadora que permita a cada ciudadano construir un proyecto de vida. Un pueblo educado es un pueblo que piensa, decide, innova y se protege a sí mismo de la manipulación.

Infraestructura y servicios públicos para el desarrollo

A ello se suma el desafío de los medios de transporte masivo, indispensables para organizar ciudades que crecen aceleradamente. Sistemas de movilidad seguros, eficientes y bien planificados reducen costos, aumentan la productividad y mejoran la calidad de vida.

El transporte colectivo moderno es un deber del Estado, pero requiere la participación activa de la sociedad civil, el sector empresarial y los ayuntamientos.

Sin planificación y transparencia, cualquier proyecto de movilidad se convierte en un monumento al despilfarro; con correcta gestión, se transforma en un motor de desarrollo.

Otro componente crítico es la electricidad, el corazón de la economía contemporánea. La demanda energética crece al ritmo de la tecnología, la industria y la vida cotidiana. Sin un sistema eléctrico estable, diversificado, con tarifas justas y gobernanza limpia, no es posible atraer inversiones ni sostener crecimiento.

Las pérdidas, los subsidios mal administrados y la ineficiencia crónica destruyen toda posibilidad de avance. Una política energética moderna exige una alianza entre Estado, empresas, productores independientes y consumidores responsables.

En la arquitectura social, la seguridad es la condición primaria de la convivencia. Ninguna sociedad puede prosperar si vive atemorizada por la criminalidad, la violencia o el desorden. La seguridad pública debe basarse en cuerpos policiales profesionalizados, supervisión civil, tecnología moderna e inteligencia preventiva.

Pero también requiere justicia social, oportunidades económicas y políticas de integración que reduzcan los factores que alimentan el delito. La seguridad no es solo un asunto policial: es un pacto social.

Ese pacto depende, finalmente, de un sistema de justicia que funcione con independencia, celeridad y rectitud. Un poder judicial confiable garantiza que la ley no sea una herramienta de venganza ni un instrumento de impunidad.

Cuando la justicia actúa con integridad, la corrupción retrocede, la ciudadanía confía y el Estado se fortalece. Donde la justicia falla, todo lo demás se derrumba.

Frente a estos ámbitos esenciales —salud, educación, transporte, electricidad, seguridad y justicia—, el Estado debe ejercer un rol conductor, regulador y garante, pero no debe sustituir al sector productivo.

La experiencia dominicana e internacional enseña que la producción de bienes y servicios debe estar en manos del sector privado y las cooperativas, motores naturales de innovación, eficiencia y dinamismo económico.

Cuando la economía productiva funciona bajo reglas claras, competencia sana y supervisión eficaz, se generan empleos, se pagan impuestos, se expande la clase media y se fortalece la estabilidad nacional.

El Estado y la sociedad, coaligados, pueden construir una nación próspera y sostenible. La clave está en distribuir responsabilidades con inteligencia: el Estado gestiona lo esencial para la vida; la sociedad —a través de sus empresas, cooperativas y organizaciones— impulsa la creación de riqueza. Solo así se logra un equilibrio virtuoso que garantiza crecimiento económico con justicia social, libertad con orden, y progreso con ética.

Un país que aspire a un futuro digno no debe conformarse con administrar lo existente: debe atreverse a transformarlo. Y esa transformación solo es posible cuando Estado y sociedad caminan juntos, guiados por la transparencia, la eficiencia y el compromiso moral con las generaciones que vendrán.