Juristas califican como "patibulario de garantías fundamentales" el proyecto que modifica el Código Procesal Penal
Los juristas José Alberto Cruceta hijo y Julio Cury criticaron la aprobación en primera lectura del proyecto que modifica el Código Procesal Penal.
Cury sostuvo que las reformas procesales deben elevar los estándares de protección y no restringirlos, porque el Estado está obligado a fortalecer —y no debilitar— las garantías reconocidas a los imputados.
Actualizado: 21 de Octubre, 2025, 02:13 PM
Publicado: 21 de Octubre, 2025, 02:06 PM
Los juristas José Alberto Cruceta hijo y Julio Cury criticaron la aprobación en primera lectura del proyecto que modifica el Código Procesal Penal, al considerar que representa un retroceso en materia de derechos y garantías constitucionales, lo que calificaron como un acto "patibulario de garantías fundamentales".
Ambos juristas advirtieron que el proyecto aprobado por el Senado disminuye el nivel de protección alcanzado con la actual legislación procesal, afectando el goce efectivo de la dignidad, la igualdad y otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
Cruceta sostuvo que toda legislación que implique un retroceso en materia de derechos fundamentales es prima facie inconstitucional, ya que viola el principio de progresividad consagrado en los artículos 8 y 74.2 de la Constitución dominicana y en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
"Una vez alcanzado un determinado nivel de protección, no se puede retroceder", enfatizó el jurista, recordando que el Tribunal Constitucional ha sostenido este criterio en sus sentencias TC/0201/13, TC/0254/14 y TC/0023/18.
De su lado, Julio Cury calificó el proyecto como una norma "pensada para masajear el ego de ciertos fiscales", al entender que responde a un intento por legitimar "arbitrariedades y desvíos de poder" cometidos desde el Ministerio Público. A su juicio, varias de las modificaciones aprobadas "ni dándoles respiración artificial pasarían el test de constitucionalidad".
- Cury sostuvo que las reformas procesales deben elevar los estándares de protección y no restringirlos, porque el Estado está obligado a fortalecer —y no debilitar— las garantías reconocidas a los imputados.
"El principio de progresividad se fundamenta en la seguridad jurídica, la necesidad de una justicia razonablemente rápida y el derecho de toda persona a superar el estado de sospecha que implica una acusación penal", explicó.
El Ministerio Público atraviesa una profunda crisis de legitimidad social
Tanto Cruceta como Cury coincidieron en que el Ministerio Público atraviesa una profunda crisis de legitimidad social, lo que, según afirman, habría motivado un intento por acomodar la legislación a sus excesos de poder, una acción que consideran nula de pleno derecho por vulnerar los precedentes constitucionales y el debido proceso.
