SANTO DOMINGO.– El Senado de la República aprobó en única lectura las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo a la Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso, con el propósito de sancionar penalmente la renuencia de funcionarios a comparecer ante las cámaras legislativas, siempre que se hayan agotado los procedimientos establecidos.
En la misma sesión, los senadores también aprobaron en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de ley de alquileres, que introduce disposiciones clave para regular los contratos de arrendamiento en el país.
Uno de los puntos destacados es el artículo 13, que establece que el propietario podrá exigir al inquilino un depósito de garantía que no supere el equivalente a dos meses del precio del alquiler.
La iniciativa, que ahora volverá a la Cámara de Diputados, especifica que no aplicará a contratos de arrendamiento relacionados con fincas rurales, pensiones, hospedajes, parques o empresas de zonas francas que operen bajo la legislación vigente.
Estas medidas buscan fortalecer la institucionalidad y brindar mayor seguridad tanto a propietarios como a inquilinos en el marco de las relaciones contractuales de alquiler en el país.
Impulso legislativo para mayor transparencia y regulación del alquiler
Durante los últimos años, el Congreso Nacional ha impulsado diversas iniciativas para fortalecer la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y actualizar el marco legal que regula los contratos de arrendamiento en el país.
Las discusiones sobre la necesidad de establecer sanciones claras por la incomparecencia de funcionarios ante el Poder Legislativo han sido constantes, en un contexto donde se reclama mayor transparencia institucional.
Al mismo tiempo, el crecimiento del mercado inmobiliario ha reavivado el debate sobre una ley de alquileres que brinde equilibrio entre los derechos de propietarios e inquilinos, garantizando reglas claras y justas para ambas partes.