Más de veinte estados demandan al Gobierno Trump por cancelar fondos para energía solar

Los Ángeles (EE.UU.).– Una coalición de más de veinte estados demócratas y el Distrito de Columbia ha demandado en dos tribunales al Gobierno del presidente Donald Trump por la cancelación de un programa de subvenciones de 7.000 millones de dólares diseñado para ayudar a familias de bajos ingresos a instalar paneles solares en sus hogares.

Las dos querellas legales acusan a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de cancelar ilegalmente el Programa Solar para Todos, incumpliendo sus obligaciones contractuales con los estados.

Los estados han solicitado al Tribunal Federal de Reclamaciones de EE.UU. que se revoque la cancelación del fondo aprobado por el Congreso en 2022. También pidieron a un tribunal federal en Washington que declare ilegal el bloqueo de las subvenciones, restablezca la financiación y reactive el programa.

Impacto en comunidades vulnerables

El programa fue otorgado durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) en el marco del Fondo para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero, con el fin de abordar el cambio climático. En 2023, se asignaron recursos a 60 beneficiarios, incluyendo estados, tribus, regiones y organizaciones sin fines de lucro.

En agosto, el administrador de la EPA, Lee Zeldin, anunció la cancelación del programa, argumentando que la agencia ya no tenía autoridad legal para administrar los fondos. Sin embargo, los demandantes afirman que esta declaración es falsa.

De mantenerse la medida, se amenazaría el acceso a energía solar de más de 900.000 hogares en comunidades de bajos ingresos. Esto limitaría su capacidad para reducir sus facturas eléctricas y acceder a una fuente de energía limpia y asequible.

Argumentos legales y respaldo estatal

"El Programa Solar para Todos se creó para brindar alivio a todos los estadounidenses, reducir las facturas de energía, la huella de carbono, y crear empleos sindicalizados de alta calidad que impulsen nuestra economía", dijo en un comunicado el fiscal de California, Rob Bonta, uno de los demandantes.

El fiscal advirtió que, junto a los otros estados, lucharán contra "la interpretación tergiversada" que hace el Gobierno Trump de la ley.

Además de California, la demanda fue respaldada por Arizona, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Pensilvania, Vermont, Washington, el Distrito de Columbia, la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) y la Corporación de Desarrollo Económico de Wisconsin.