Ministerio Público está listo para fallo en caso Antipulpo, afirma Mirna Ortiz

La fiscal titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, aseguró que el Ministerio Público está preparado.

Hermano del expresidente Danilo Medina.

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Mirna Ortiz.

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Santo Domingo.– La fiscal titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, aseguró que el Ministerio Público está preparado para conocer este miércoles el fallo que dictará el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sobre el caso de corrupción que involucra a Juan Alexis Medina y compartes.

Ortiz indicó que "el trabajo está hecho" y que esperan la respuesta del tribunal, recordando que cuentan con alrededor de 36 pruebas materiales y más de 2,000 documentales que sustentan el proceso judicial.

Sobre el caso Antipulpo

El caso Antipulpo es considerado uno de los procesos por corrupción administrativa más significativos en la historia reciente del país, el cual involucra a exfuncionarios del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre ellos dos hermanos del expresidente Danilo Medina.

El expediente, que comenzó con una serie de allanamientos encabezados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ha atravesado un largo proceso judicial con acusaciones formales en diciembre de 2021 y juicio de fondo iniciado en septiembre de 2023.

Bajo la gestión inicial de la procuradora Miriam Germán Brito y la conducción actual de Yeni Berenice Reynoso, el caso se ha convertido en uno de los más complejos y mediáticos de la última década.

También pidió el MP 15 años para José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda; y 10 años para Fernando Aquilino Rosa Rosa, Carmen Magalys Medina Sánchez, Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel y Lina Ercilia de la Cruz Vargas, entre otros.

Para varios imputados, las penas solicitadas oscilan entre cinco y tres años de prisión, además de multas, decomiso de bienes y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por una década.

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