Medida de prisión preventiva para implicados en estafa inmobiliaria
La jueza Margarita Cristo impuso 18 meses de prisión preventiva a cuatro implicados en la "Operación Guepardo", un caso de estafa inmobiliaria y lavado de activos que afectó a más de 500 personas con un fraude superior a 18.8 millones de dólares.
Actualizado: 20 de Octubre, 2025, 10:35 PM
Publicado: 20 de Octubre, 2025, 10:29 PM
Santo Domingo.– La jueza Margarita Cristo Cristo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana, impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a cuatro personas implicadas en el caso de estafa inmobiliaria y lavado de activos conocido como "Operación Guepardo".
Medida de prisión preventiva para implicados en estafa inmobiliaria
Tras una audiencia que se prolongó por más de 12 horas, el tribunal dictó prisión preventiva en contra de Samayra del Rosario Barreto, Astrid Inmaculada Rydelis Bello, Loana Paola Guerrero Millián y Javier Gustavo Ulloa Bueno, quien ejerce como abogado en el caso.
La decisión judicial responde a la solicitud hecha por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en coordinación con la Fiscalía de La Romana. Además, ambas instituciones pidieron que el proceso sea declarado de tramitación compleja, dada la magnitud del presunto fraude.
Este caso involucra una red que, bajo la fachada de la empresa inmobiliaria Novasco Remax, habría defraudado a más de 500 personas, tanto nacionales como extranjeras. Según el informe financiero preliminar presentado por las autoridades, el monto estafado supera los 18.8 millones de dólares.
Anteriormente, ya se había dictado prisión preventiva para otras tres personas vinculadas con la red: Marisol Nova Novasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Yves Alexander Giroux. Estas personas también están bajo investigación por su supuesta participación en las actividades ilícitas.
Durante la audiencia, los fiscales presentaron elementos que sustentan la presunta participación de los imputados en la estructura criminal que operaba en el sector inmobiliario de La Romana, utilizando métodos fraudulentos para captar grandes sumas de dinero.
Según el Ministerio Público, la red engañaba a sus víctimas con promesas falsas de inversiones rentables y la venta de propiedades inexistentes o con problemas legales.
La jueza consideró que la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga justificaban la imposición de la prisión preventiva, para garantizar la correcta continuación del proceso judicial. Los imputados deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.
- Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados y fortalecer el caso, mientras continúan trabajando en la recuperación de los recursos defraudados y en la protección de las víctimas.
- Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados y fortalecer el caso, mientras continúan trabajando en la recuperación de los recursos defraudados y en la protección de las víctimas.
Este caso ha generado gran impacto en la comunidad, debido a la cantidad de afectados y al volumen de dinero comprometido, lo que ha llevado a reforzar los controles sobre empresas inmobiliarias y financieras en la región.
