La Asociación de Vecinos de Cuesta Brava Inc. y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) depositaron este miércoles una querella con constitución en actor civil contra el ministro de Medio Ambiente, Armando Paino Henríquez, y el viceministro de Viviendas y Edificaciones, Danny Israel Santos Comprés, por su presunta responsabilidad en la destrucción del Cinturón Verde de Santo Domingo, específicamente en el sector Cuesta Brava, Arroyo Hondo.
La denuncia fue entregada en la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por el abogado Euren Cuevas Medina, representante legal de las organizaciones.
Según el expediente, los funcionarios habrían utilizado sus cargos para facilitar la ejecución de un proyecto inmobiliario que incluye más de 300 apartamentos, 400 parqueos y dos centros comerciales, en una zona ambientalmente protegida.
Acusan a funcionarios de violar múltiples leyes ambientales
Los querellantes alegan que el proyecto ha implicado la tala de árboles endémicos y nativos, la destrucción de una montaña y la alteración del nivel freático en un ecosistema considerado altamente frágil. Añaden que estas acciones violan el mandato constitucional ambiental, así como varias normativas, entre ellas:
Ley 64-00 sobre Medio Ambiente
Ley 202-04 de Áreas Protegidas
Ley 340-22 de Extinción de Dominio
Ley 155-17 contra el Lavado de Activos
Decreto 183-93, que crea el Cinturón Verde
Resolución 2/2023 del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que prohíbe construcciones de alto impacto en la zona
La querella se apoya en un informe técnico de la Comisión Ambiental de la UASD, el cual contradice la autorización de impacto mínimo emitida por el ministro Henríquez.
El documento académico advierte que, debido a la fragilidad ambiental del área, no es legal ni técnicamente viable otorgar ese tipo de permiso, y señala que el ministro habría reducido deliberadamente la categoría de la autorización para facilitar el proyecto.
Vinculan al viceministro con intereses privados en el proyecto
Uno de los elementos más graves de la denuncia, según los querellantes, es que el propietario del proyecto Balcones del Cerro —el de mayor impacto ambiental— es el viceministro Danny Santos Comprés, quien habría utilizado su posición para beneficiar su inversión privada en plena zona protegida.
Por su parte, el Procurador Especializado de Medio Ambiente, Francisco Contreras, ya ordenó la paralización del proyecto Balcones de la Ribera y ha sido requerido para hacer lo mismo con Balcones del Cerro.
Los vecinos de Arroyo Hondo aseguran haber remitido comunicaciones formales a la alcaldesa del Distrito Nacional, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, y a otras entidades, sin haber recibido respuesta. Destacan que la única autoridad que ha actuado ha sido el procurador Contreras.
Los residentes solicitan que se mantenga la suspensión de las obras hasta que el caso sea decidido por los tribunales, apelando a los principios de precaución y prevención contemplados en la legislación ambiental.