EEUU cancela los visados de esposa e hija del ministro brasileño de Salud

São Paulo. El Gobierno de Estados Unidos canceló los visados de la esposa e hija del ministro brasileño de Salud, Alexandre Padilha, como parte de una serie de sanciones impuestas a funcionarios de países que mantienen convenios con Cuba para la contratación de médicos.

El pasado miércoles, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra funcionarios de Brasil, Granada y otras naciones africanas por supuestas violaciones relacionadas con el programa Mais Médicos, que incluye la participación de médicos cubanos.

Críticas al programa Mais Médicos

En el caso de Brasil, Rubio acusó al programa de fomentar la "explotación" de los doctores cubanos, ya que, durante los primeros años de funcionamiento, el Gobierno de Cuba retenía parte del salario de los médicos.

Actualmente, Mais Médicos emplea a 2,659 médicos cubanos, quienes, según datos oficiales brasileños, reciben sus salarios íntegros y sin la mediación de La Habana. El ministro Padilha defendió el programa, al que calificó como una política que "salva vidas" en zonas vulnerables que antes carecían de atención médica básica.

Padilha, quien ya había ocupado la cartera de Salud en 2013, cuando fue lanzado el programa durante el gobierno de Dilma Rousseff, volvió al cargo en 2023 bajo la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sanciones y tensiones diplomáticas

En julio, la administración del expresidente Donald Trump también impuso sanciones al juez del Tribunal Supremo brasileño, Alexandre de Moraes, quien lidera el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de orquestar una tentativa de golpe de Estado.

Además, Washington ha establecido aranceles del 50 % a numerosas exportaciones brasileñas como mecanismo de presión, manifestando su apoyo a Bolsonaro, líder de la extrema derecha en Brasil.

Desde entonces, tanto el Gobierno estadounidense como su embajada en Brasilia han emitido advertencias de posibles nuevas sanciones contra funcionarios y magistrados involucrados en el proceso judicial contra el exmandatario.