Jueza Soto Peña descarta motivaciones políticas y confirma estafa millonaria al Estado en caso de hermanos Medina Sánchez
El tribunal determina que Alexis Medina participó en contrataciones públicas irregulares usando empresas como fachada.
Actualizado: 14 de Agosto, 2025, 02:16 AM
Publicado: 14 de Agosto, 2025, 01:59 AM
Santo Domingo. La magistrada Yissell Soto Peña, integrante del tribunal que dicta sentencia en el caso de los hermanos Medina Sánchez, respondió de forma categórica a los alegatos de la defensa que apuntaban a una supuesta politización del proceso judicial. Durante la lectura de su fallo, Soto Peña subrayó que "la justicia no se arrodilla ante la política" y reafirmó que las decisiones del tribunal se tomaron con estricto apego a la Constitución y a las leyes vigentes.
La defensa de varios imputados, en especial la de Juan Alexis Medina Sánchez —hermano del expresidente de la República—, insistió en que el expediente tenía un trasfondo político y que se trataba de una persecución motivada por la cercanía de los procesados con la pasada administración. Sin embargo, el tribunal desestimó de manera tajante estos señalamientos, argumentando que no existían elementos que sustentaran tal acusación.
Un caso "olímpicamente grande"
La jueza Soto Peña calificó el proceso como "olímpicamente grande" debido a su magnitud y repercusión pública, resaltando que su complejidad exigió un examen detallado de cada elemento probatorio antes de considerar cualquier solicitud de extinción de la acción penal. "Este tribunal no puede obviar la relevancia y la dimensión de este caso para la sociedad dominicana", afirmó.
Modus operandi y uso de empresas como fachada
En el fallo, el tribunal estableció que Alexis Medina participó en múltiples contrataciones públicas sin cumplir con los requisitos legales establecidos, valiéndose de una red de empresas que operaban como "vehículos societarios" para obtener contratos con diversas instituciones estatales.
Entre las entidades afectadas se encuentran el Ministerio de Salud Pública, donde se detectaron compras irregulares de medicamentos y equipos hospitalarios; el Ministerio de Obras Públicas, con anomalías en la adquisición de material asfáltico; y la Policía Nacional, donde se evidenciaron graves violaciones en el suministro de combustible.
El caso de la Policía Nacional: 32.6 millones en combustible no entregado
Uno de los ejemplos más significativos citados por el tribunal fue el de la empresa FIUL América, vinculada directamente a Medina. Esta compañía suscribió contratos para suplir combustible a la Policía Nacional sin contar con los permisos regulatorios correspondientes. Según la sentencia, la empresa dejó de entregar combustible por un monto que asciende a 32,688,821 pesos dominicanos.
- El tribunal determinó que para cumplir parcialmente con el contrato, se emplearon medios logísticos irregulares, además de que varias estaciones policiales en distintas provincias nunca recibieron el suministro pactado.
Pruebas y testimonios clave
En su análisis, la jueza resaltó el valor probatorio de informes de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, los cuales evidenciaron múltiples violaciones a la Ley 340-06 sobre contrataciones públicas. Asimismo, testimonios de testigos como Sandy y Gerson confirmaron no solo la entrega incompleta de combustible, sino también el manejo irregular de los fondos destinados a estos contratos.
- Estos elementos, combinados con la documentación presentada por el Ministerio Público, fueron considerados por el tribunal como pruebas contundentes, en contraste con los argumentos presentados por la defensa.
En sus conclusiones preliminares, el tribunal señaló que las acciones documentadas constituyen una estafa al Estado dominicano y violaciones reiteradas al marco legal que rige las compras y contrataciones públicas. "Las evidencias son claras y demuestran que se actuó al margen de la ley para obtener beneficios económicos indebidos", expresó Soto Peña durante la lectura.
