Colombia inicia trámite para extraditar de Nicaragua a exfuncionario acusado de corrupción

El Gobierno colombiano busca llevar a la justicia a Carlos Ramón González por su presunta participación en corrupción.


Bogotá. – El Gobierno colombiano solicitó este viernes a la Fiscalía General de la Nación iniciar el trámite de extradición desde Nicaragua de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien está vinculado al mayor escándalo de corrupción del actual gobierno de Gustavo Petro.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó la solicitud de forma oficial, basándose en el Tratado de Extradición vigente entre Colombia y Nicaragua, firmado en 1929, y resaltó el compromiso del Ejecutivo con el cumplimiento de las decisiones judiciales y el respeto a las garantías procesales.

“El Gobierno colombiano ha expresado su interés en que se cumplan las decisiones judiciales, especialmente en casos relacionados con corrupción, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia”, indicó el Ministerio en un comunicado.

Documentos filtrados vinculan a embajada con González

El informativo Noticias RCN difundió recientemente una imagen de la cédula de residencia nicaragüense de González y una carta de la embajada colombiana en Managua dirigida a la Cancillería de Nicaragua, solicitando colaboración para la renovación del estatus migratorio del exfuncionario.

Tanto el presidente Petro como la exministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia negaron que el Gobierno hubiese gestionado “algún tipo de privilegio” para González, quien también dirigió la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Pese a la carta filtrada, el mandatario pidió a los medios "aclarar su noticia", que calificó como "falsa".

Acusaciones por desvío de fondos y pago de coimas

González, de 66 años, tiene vigente una orden de captura desde el pasado 3 de julio, acusado de participar en el desvío de fondos públicos desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la Fiscalía, esos recursos fueron usados para pagar sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo.

El dinero involucrado, según las investigaciones, provenía de un contrato para la compra de 40 carrotanques, destinados a llevar agua potable a La Guajira, una de las regiones más afectadas por la sequía en el norte del país.

Militante del partido Alianza Verde y excompañero de Petro en la guerrilla del M-19, González habría ordenado los pagos a través de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, según el testimonio del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla.

“El Ministerio de Justicia y del Derecho reitera su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad, y trabajará para garantizar que se haga justicia en este caso”, concluyó el comunicado oficial.