Tribunal impone garantía económica a hombre por estafa electrónica y actividades ilegales en mercado de valores.
SANTO DOMINGO.– Distintas pruebas aportadas por el Ministerio Público, sirvieron de base a un tribunal para imponerle a un hombre una garantía económica de RD$4 millones, bajo contrato con una compañía aseguradora, como medida de coerción por su presunta vinculación a delitos de abuso de confianza y estafa mediante el uso de medios electrónicos.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la medida contra Gustavo Alexander Rodríguez Monzón, quien deberá también cumplir con la presentación periódica ante el Ministerio Público y tiene prohibida la salida del país sin autorización judicial.
Rodríguez Monzón, arrestado cuando intentaba salir del país a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), está acusado de realizar actividades propias del mercado de valores sin autorización, afectando a más de cinco víctimas.
Durante la audiencia, la procuradora fiscal titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Elizabeth Tucent Hiraldo, y la fiscal Margaret Cabrera Morillo, expusieron que entre 2022 y 2024, el imputado se presentó ante varias personas como corredor de valores en inversiones digitales, sin estar autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Las fiscales explicaron que, mediante esta falsa representación, Rodríguez Monzón habría inducido a las víctimas a creer que realizaban operaciones seguras y reguladas, logrando captar alrededor de RD$5,529,224.00 y US$41,000.00.
El juez Rigoberto Sena, impuso la medida tras establecer que el Ministerio Público presentó indicios suficientes para imputar a Rodríguez Monzón por la violación del artículo 405 del Código Penal Dominicano.
También el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 351, numeral 4, de la Ley 249-17, sobre el Mercado de Valores.
Según las investigaciones del Ministerio Público, el imputado operaba sin autorización como corredor de valores, prometiendo rentabilidades atractivas mediante supuestas inversiones en plataformas digitales.