Nuevo código penal estipula cúmulo de penas de hasta 60 años; legisladores afirman que propondrán reformas

Santo Domingo.– El nuevo Código Penal eleva significativamente las sanciones por delitos graves y permitirá acumular penas hasta un máximo de 60 años de prisión. Aunque la normativa aún no entra en vigor, ya genera controversia en el Congreso.

Aunque la normativa aún no entra en vigor, ya genera controversia en el Congreso, donde varios legisladores anunciaron que aprovecharán el período de vacatio legis, vigente hasta agosto de 2026, para proponer reformas al contenido del texto.

Una de las modificaciones más relevantes del nuevo Código Penal es el aumento de la pena máxima de prisión mayor de 30 a 40 años, destinada a crímenes de extrema gravedad. 

Con esta sanción serían castigados los feminicidios agravados, ataques con ácido que causen la muerte, el sicariato, los crímenes de lesa humanidad y genocidio, secuestro agravado, especialmente si hay crueldad o víctimas vulnerables, tortura agravada, en especial contra mujeres o personas en situación de vulnerabilidad.

Sanciones

Los delitos económicos y contra el Estado también enfrentarán sanciones más severas: la estafa común, que antes conllevaba hasta 2 años de prisión, ahora será castigada con penas de 3 a 10 años, se tipifican las estafas piramidales y los esquemas financieros no regulados.

Además, la corrupción administrativa y de funcionarios públicos será sancionada con hasta 10 años de cárcel, decomiso de bienes e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

En el ámbito de las relaciones personales, el Código Penal introduce nuevas penalidades por violencia y abuso: Las agresiones sexuales no consentidas o mediante engaño en el contexto de pareja conllevarán penas de 10 a 20 años.

También se impone de 20 a 30 años de prisión y altas multas por cualquier infracción cometida contra menores de edad, independientemente del tipo de lesión ocasionada.

La prisión menor será de entre 15 días y 3 años, dependiendo del delito. Las multas serán proporcionales al salario mínimo del sector público, lo que busca asegurar una sanción equitativa según el contexto económico del infractor.

Los sectores interesados en proponer modificaciones al nuevo Código Penal antes de que la ley entre en vigor, tienen un plazo hasta agosto de 2026, fecha en la que culmina el período de revisión permitido por la vacatio legis.