La República Dominicana y la OCDE se unen para crear la Primera Estrategia Nacional de Integridad, fortaleciendo la gobernanza y la transparencia en el país.
Santo Domingo, - La República Dominicana, inició este lunes los trabajos junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el propósito de impactar de manera transversal áreas del servicio público como el sector salud, educación, seguridad y la municipalidad.
Estos trabajos tienen como finalidad dar continuidad al proceso de elaboración de la Primera Estrategia Nacional de Integridad Pública de la República Dominicana, mediante reuniones bilaterales, talleres estratégicos y espacios de diálogo con actores clave del sector público, sociedad civil y organismos internacionales.
La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, doctora Milagros Ortiz Bosch, resaltó la trascendencia de la participación de la OCDE en la República Dominicana, al destacar que este acompañamiento fortalece la lucha contra la corrupción y eleva los estándares de gobernanza en el país.
La apertura de la Tercera Misión de la OCDE-RD tuvo lugar en el Congreso Nacional y contó con la participación de la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), doctora Milagros Ortiz Bosch, así como representantes de los diferentes poderes del Estado y la Justicia.
Durante el encuentro, los representantes de la OCDE, Juan Camilo Ceballos y Frederick Boehm, explicaron a los participantes los pasos a seguir para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos por el país en el marco de los trabajos con cada una de las entidades participantes.
La República Dominicana ha intensificado en los últimos años sus esfuerzos por fortalecer la transparencia y la ética pública, enfrentando desafíos significativos relacionados con la corrupción y la baja confianza ciudadana en las instituciones.
La colaboración con organismos internacionales como la OCDE forma parte de una estrategia más amplia para mejorar los estándares de gobernanza, promover la integridad en la administración pública y asegurar un manejo eficiente y responsable de los recursos estatales.
Este trabajo se enmarca en compromisos previos asumidos por el país para alinearse con buenas prácticas internacionales y garantizar un desarrollo sostenible y equitativo.