Dos Minutos: ¿Reforma o retroceso en la gestión de residuos sólidos en República Dominicana?

Cinco años después de promulgarse como un hito para la sostenibilidad, la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos enfrenta una reforma que no fortalece el sistema, sino que lo debilita.

Lo que hoy se discute en el Congreso Nacional es en realidad una contrarreforma, desarticulando principios claves de la economía circular, restringiendo la competencia y abriendo la puerta a intereses particulares que buscan capturar segmentos rentables del sistema de residuos.

Esta reforma, si se aprueba como está planteada, eliminará la participación empresarial en los órganos de gobernanza, limitará la valorización de residuos a manos seleccionadas y reducirá los controles colectivos sobre el fideicomiso DO Sostenible.

¿El resultado? Menos transparencia, menos innovación y un sistema público más vulnerable.

Esto no es una actuación técnica, es un retroceso legal disfrazado de reforma. Y mientras los países avanzan hacia modelos que premian la separación de origen, el reciclaje inclusivo y la eficiencia energética, en República Dominicana podremos desandar el camino, beneficiando a pocos a costa de todos.

En momentos en que el mundo se alinea con los principios de la economía circular, aquí debatimos una reforma que ni siquiera garantiza el cierre de los 240 vertederos a cielo abierto que nos avergüenzan como nación.

No hay política pública que aguante si se reforman las leyes para favorecer intereses particulares. Una reforma que fragmenta la institucionalidad, borra el principio de corresponsabilidad y margina a los aportantes del sistema no puede llamarse progreso.

Necesitamos una reforma real que garantice eficiencia, inclusión, control ciudadano y alineamiento con las mejores prácticas internacionales. Sin eso, solo estaremos acumulando basura y comprometiendo el futuro.